Carta de un lector: "La inmigración no es una competencia delegable"

Junts esgrime como un triunfo la delegación de la inmigración. No se tiene en cuenta que la posible delegación de una competencia no es más soberanía (soberano se es o no se es totamente), en todo caso, es más autogobierno, más autonomismo. Qué lejos queda para las pretensiones independentistas lo del "derecho a decidir".

Pero ni siquiera la posible delegación en materia de inmigración es posible desde el punto de vista constitucional. La Constitución, en su artículo 149.1.2ª, establece como competencia exclusiva del Estado: "Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo".

Si bien algunas competencias exclusivas son susceptibles de transferencia o delegación, el art. 150.2 establece que solo lo serán "las de materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación". Ahora bien, la doctrina distingue un tipo de competencias exclusivas, las absolutas, que no son transferibles ni delegables por razón de su naturaleza, que afecta a la soberanía nacional. Y la doctrina establece que la competencia establecida en el art. 149.1.2ª (inmigración, entre otras) es absoluta y, por tanto, intrasferible e indelegable.

No es una opinión. Diversa jurisprudencia internacional respalda ese criterio. Así, la sentencia del Tribunal Constitucional de Italia (STC 26/1956) indica que las competencias soberanas no pueden delegarse, y en Alemania (STC 18/1952) se indica que las funciones esenciales del Estado son indelegables.

Por otro lado, la doctrina constitucionalista española señala que: "Las funciones esenciales del Estado son indelegables", Mortati (1976). "Las materias propias a la soberanía son indelegables", Bassols Coma y Serrano Alberca (1982). "Las competencias sobre nacionalidad y extranjería son absolutamente indelegables", Muñoz Machado (1979).

Resumiendo, las competencias de nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo son indelegables por afectar al núcleo esencial de soberanía del Estado.