"La ley de bienestar animal pone en riesgo la salud y el control poblacional de los gatos comunitarios"

La nueva ley de Protección Animal y la regulación de medicamentos veterinarios han generado serios obstáculos para la atención de los gatos comunitarios, poniendo en riesgo su salud y los programas de control poblacional. Uno de los principales problemas es la restricción en el acceso a medicamentos esenciales como antibióticos, analgésicos y antiinflamatorios, lo que dificulta el tratamiento de enfermedades y la atención de emergencias.

Además, los costes y la burocracia han aumentado debido a la exigencia de contar con un veterinario para procedimientos antes más accesibles, afectando a la sostenibilidad de los cuidados de la salud. Esta ley impacta de lleno en la esterilización, clave en el control poblacional. Las restricciones en la adquisición de fármacos esenciales retrasan las campañas y pueden provocar un crecimiento descontrolado de la población felina, generando problemas sanitarios y de convivencia.

Otro punto conflictivo es la obligatoriedad de que todos los gatos estén identificados mediante microchip. Muchos gatos comunitarios son ferales y de captura extremadamente complicada. Exigir la implantación de un microchip para brindar asistencia veterinaria supone que numerosos felinos no puedan recibir la atención veterinaria que requieren.

La nueva normativa también limita el uso de antibióticos exigiendo, en algunos casos, cultivos previos que no solo incrementan el gasto veterinario sino que también puede retrasar tratamientos urgentes, con el consiguiente riesgo de agravamiento o incluso fallecimiento del animal.

Las asociaciones consideran que la ley no ha contemplado las necesidades específicas de los gatos comunitarios. Urge buscar consensos entre las asociaciones protectoras/gestoras de gatos comunitarios y los organismos competentes con el fin de encontrar un equilibrio que permita adecuar la normativa y al mismo tiempo, garantizar el bienestar de esta población tan vulnerable.