"Prolongar la edad de jubilación en el sector público permitiría el traspaso de conocimiento intergeneracional"

El proyecto de ley de la función pública incluye la posibilidad de prolongar la edad de jubilación forzosa para quienes deseen seguir trabajando de manera voluntaria más allá de los 70 años. Los objetivos que se persiguen son, de una parte, aliviar la onerosa carga financiera de las pensiones que registran un desfase del sistema de la Seguridad Social (España, con una población de unos 49 millones de habitantes, registra unos 20 millones de subsidiados).

Por otro lado, solventar las crecientes dificultades para encontrar, por ejemplo, médicos, en el sector público y garantizar el traspaso de conocimiento intergeneracional. Ello responde a las demandas de varios colectivos médicos, jueces, fiscales, inspectores de Hacienda, abogados del Estado, profesores universitarios... Habida cuenta de que en los próximos años se jubilarán miles de empleados públicos y el ritmo de oferta de empleo público y la limitación e insuficiencia de plazas en algunas convocatorias no garantizará el relevo generacional.

Así, con el objetivo de acometer las reformas de calado con eficacia y eficiencia, en particular, en el ámbito de la Administración de Justicia, debería sopesarse seriamente la conveniencia y necesidad de plantear la prolongación excepcional y transitoria de la edad de jubilación forzosa de funcionarios no solo hasta los 72 años sino incluso hasta los 75.

Ello permitiría que determinados candidatos a desempeñar puestos clave en esa transición y transformación, aportando su saber y experiencia, pudieran contribuir a ese relevo evitando un caos por déficit de personal cualificado.