"Es una regresión democrática impedir que la ciudadanía actúe frente a los abusos de poder"

El PSOE ha registrado una proposición de ley en el Congreso para desnaturalizar las acusaciones populares. La acusación popular se sitúa en una tercera vía desvinculada de la Fiscalía y de la acusación particular que corresponde a las víctimas del delito y que suele ejercerse habitualmente en casos de corrupción.

Es un mecanismo de participación ciudadana democrática en la justicia, junto a la institución del jurado, consagrada en el artículo 125 de la Constitución Española que refuerza el derecho a la tutela judicial efectiva cuando se pueda recelar del Ministerio Fiscal al no actuar por razones de oportunidad o afinidad política, máxime cuando la Presidencia del Gobierno alude a su Fiscal General cuando el Fiscal General lo es del Estado, no del partido que gobierna ni del Poder Ejecutivo.

Además, se pretende que esa reforma lo sea por el trámite de urgencia y despliegue efectos retroactivos, es decir, que se aplique a los procesos en trámite para desactivarlos, con quebranto del principio de seguridad jurídica y perjuicio de las víctimas.

La acción popular es un baluarte contra la corrupción. Un baluarte del Estado de Derecho y de la participación ciudadana en la Administración de Justicia. Constituye una regresión democrática impedir la capacidad de la ciudadanía para actuar frente a los abusos de poder, a fin de suplir la inacción o las carencias en la actuación del Ministerio Fiscal, especialmente en casos de corrupción.