Que nadie haga lecturas apresuradas del título. No pretendo negar un proceso económico, la globalización, que responde a factores y dinámicas muy potentes. Pero sí planteo la necesidad de políticas que apuesten por ralentizar los procesos de globalización económica y acelerar los de globalización política.
Se trata de restituir el equilibrio entre mercados y sociedad que la globalización ha roto. El dilema no es nuevo, se trata de evitar que una globalización económica sin reglas ni contrapoderes imponga una sociedad gobernada por los mercados frente a una política incapaz de desarrollar su función básica, la de civilizar las relaciones económicas.
Con la crisis hemos comprobado que una UE sin musculatura política frente a un mundo globalizado económicamente convierte la política en una suma de impotencias.
Este debe ser el enfoque determinante para analizar la propuesta de Tratado Trasatlántico de Inversión y Comercio (TTIC) entre la Unión Europea y EEUU.
Si algo deberíamos haber aprendido de esta última crisis son las graves consecuencias sociales, en términos de aumento de la desigualdad y la pobreza, que provoca la existencia de una gran desequilibrio de poder entre una economía global cada vez más potente y unas estructuras sociales y políticas cada vez más impotentes.
A pesar del obscurantismo con el que la tecnocracia de la UE y de EEUU están llevando las negociaciones, lo que en una sociedad democrática debería ser motivo suficiente para su rechazo, comienzan a conocerse algunos de sus contenidos. Y a través suyo se detecta claramente el principal objetivo del TTIP: un paso más en la configuración de grandes áreas económicas no gobernadas por la sociedad, sino por los mercados y por las grandes corporaciones transnacionales. Y también comienzan a vislumbrarse cuales pueden ser sus principales efectos indirectos y sus daños colaterales.
Va a ser difícil hacer llegar a la ciudadanía la trascendencia del TTIP. Sobre todo porque desde los poderes económicos y sus voceros se nos va a vender sus bondades económicas, en forma de creación de empleo. Y se va a explicar el debate en términos maniqueos entre proteccionistas (los malos) y partidarios del libre comercio (los buenos). Ya ha comenzado a hacerlo el Ministro Margallo en una de sus “zaratrustianas” intervenciones en el Congreso de Diputados.
Detrás del TTIP hay una clara voluntad de crear una nueva área económica, en la que el capital global pueda moverse sin límites o con menos restricciones y controles políticos que los actuales.
No deberíamos olvidar que en estos procesos siempre suelen haber ganadores y perdedores. No es solo que las grandes corporaciones van a tener más posibilidades de copar mercados en detrimento de las PYMES. O que las economías menos fuertes, las del Sur de Europa, pueden ser las afectadas por la mayor penetración de empresas norteamericanas. El conflicto central en el TTIP no se da en términos nacionales, entre empresas europeas y estadounidenses. Lo determinante del TTIP es que, de aprobarse, aumentaría aún más el desequilibrio entre mercados y sociedad, en beneficio del poder político de los mercados.
Con el mecanismo de “reconocimiento mutuo” de legislaciones, se pretende que las condiciones regulatorias que afectan a un determinado sector deban ser aceptadas por todos los países. Se trata de “armonizar competitivamente a la baja” las regulaciones. Este factor es determinante en ámbitos como el de la salud alimentaria, en el que la UE tiene unas condiciones más exigentes que los EEUU, que según los lobbies de la industria norteamericana dificultan el libre comercio y no mejoran la protección de los ciudadanos.
Otro factor es el establecimiento de mecanismos privados de mediación y arbitraje en los conflictos de intereses entre corporaciones privadas. Nada que objetar si ello no supusiera una auto-exclusión de las grandes corporaciones del sometimiento a los Tribunales de Justicia ordinarios. Y también que algunas de estas decisiones arbitrales, en los conflictos entre empresas o de las empresas con los Estados, puedan terminar con obligaciones o prohibiciones a actuar de los Estados soberanos, impuestas por Tribunales privados.
En general, con el TTIP pretenden establecer condiciones más favorables al movimiento de capitales para invertir o comerciar entre UE y EEUU, sin que ello vaya parejo a la creación o reforzamiento de espacios de regulación políticos. Y ello supone un nuevo desplazamiento del poder político de regulación. De las instituciones democráticas a los mercados. Y en consecuencia un debilitamiento de la política, como sociedad organizada, frente los mercados.
Por eso, la prioridad hoy es abordar las reformas necesarias para ampliar el poder político de la Unión Europea en su dimensión comunitaria, no intergubernamental. Y mientras, impedir la ampliación de nuevas áreas de comercio e inversión sin gobierno político.
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Post publicat al blog de Joan Coscubiela
