Renta mínima y fiscalidad
La crisis económica y sobre toda las injustas medidas de austeridad impuestas por los gobiernos han dejado un panorama social desolador. Incremento de la pobreza, incluso de la pobreza extrema, con un aumento espectacular de la desigualdad social.
Una de las imágenes de este drama social es el de 3,5 millones de personas desempleadas de larga duración, de los cuales el 74% no cobran ningún tipo de prestación. Ello significa que más de 700.000 familias viven en hogares donde no hay ningún ingreso.
Y por si fuera poco, las actuaciones de los poderes públicos son dispersas y descoordinadas, al tiempo que generan grandes desigualdades entre la ciudadanía. Los Servicios Públicos de Empleo tienen establecidos hasta 5 modalidades distintas de subsidio asistencial que además dejan desprotegidos a muchas personas desempleadas. Y algunas CCAA – no todas- han establecido a lo largo de dos décadas algún tipo de prestación de la categoría de las rentas de inserción. Se trata de prestaciones con regulaciones distintas, con niveles de cobertura diversos que están provocando una gran desigualdad entre las personas desempleadas.
En este contexto el Gobierno anuncia un "ahorro" en el gasto de desempleo de unos 5.000 millones de euros en el 2014. Una reducción del gasto que no obedece a un menor desempleo sino a la caída de los niveles de protección provocada por los recortes en las prestaciones de desempleo impuestos por el Gobierno del PP, como contrapartida al rescate de la banca. Y desgraciadamente esta situación apunta a peor, porque la llamada recuperación económica además de ser débil sólo genera empleo de mala calidad, con pocas cotizaciones sociales y por tanto poca o nula protección social.
RENTA MÍNIMA GARANTIZADA
Este panorama no tiene visos de cambiar a corto plazo y ello nos ha llevado al Grupo de la Izquierda Plural a presentar una iniciativa parlamentaria para la creación de una Renta Mínima Garantizada de Ciudadanía, que se discutirá esta semana en el Pleno del Congreso. Se trata de dar cumplimiento al mandato del artículo 41 de la CE que obliga a los poderes públicos a garantizar prestaciones de seguridad social ante situaciones de necesidad, especialmente en casos de desempleo.
Esta prestación la cobrarían los mayores de edad, desempleados de más de un año, que no tengan ingresos superiores al IPREM (532 euros al mes) y por una cuantía básica idéntica al IPREM, incrementada en función de las responsabilidades familiares o unidad de convivencia. Sustituiría a las actuales subsidios asistenciales y a los salarios sociales de las CCAA, debería ser financiada por el Estado y gestionada por las CCAA, en colaboración con los ayuntamientos, para facilitar la coordinación con otras políticas de inserción social.
PROPUESTA JUSTA
Esta es una propuesta justa socialmente y sostenible económicamente, máxime cuando el Estado anuncia un ahorro de 5.000 millones de euros en prestaciones de desempleo y esta a punto de aprobarse una Reforma Fiscal que, cuando esté plenamente desarrollada, va a suponer un reducción de ingresos fiscales que puede llegar a los 7.000 millones de euros anuales.
Todo ello va a pasar esta semana en el Congreso de Diputados, mientras en el Parlament de Catalunya se celebra del debate de Política General. Y permite explicar gráficamente la importancia que tiene la fiscalidad para las personas en situación de necesidad. Mientras los Gobiernos siempre dirigen su mirada hacia lo que llaman clases medias e intenta ganar sus votos con promesas de bajada de impuestos, una parte de la ciudadanía, la que más necesidades sociales tiene, ve como se reducen los recursos públicos para satisfacer sus necesidades sociales.
Desgraciadamente para ellos, los gobernantes saben que las personas con más necesidades sociales son también las que más se desentienden de los procesos electorales. Y si no votan, no son tenidos en cuenta por los Gobiernos en el momento de tomar decisiones.
Por eso, cuando se debata sobre la reforma fiscal del PP y su promesa de bajar impuestos, no deberíamos olvidarnos de aquellos sectores sociales que necesitan de la fiscalidad para tener una vida digna. A ellos va dirigida la propuesta de Renta Mínima Garantizada de Ciudadanía.
