E
l sector agrario en España se configura como sector estratégico con gran importancia económica, social, territorial y medioambiental. Nuestro país, con un 25% de la producción comunitaria, se sitúa como el segundo productor de la UE por detrás de Italia, y como sexto a nivel mundial.
A pesar de las duras condiciones que ha obligado la pandemia, el colectivo está siendo capaz de mantener su productividad que ronda el 38%, por encima de la media de la UE-27, y es más competitivo que el europeo, dado que los costes laborales por unidad de producto (CLU) son un 30% más reducidos.
Según un estudio que analiza la situación presente y futura del sector agrícola español, realizado por la consultora PwC y solicitado por la AEPLA, el sector da empleo de forma directa a unas 750 mil personas, generando una producción de más de 25.300 M€ en ingresos, y unas exportaciones de 17.430 M€.
Sin embargo, a pesar de esta importancia estratégica, la red de pequeñas empresas, de trabajadores autónomos y por cuenta ajena afronta retos cada vez más exigentes como la sostenibilidad y la trazabilidad de los productos y, en los momentos actuales -fuertemente presionado por la crisis sanitaria- requiere aportes institucionales y privados para poder seguir cubriendo las necesidades alimenticias de los ciudadanos, tal y como ha estado haciendo en la fase más dura de la pandemia, que ayuden a resolver los problemas pendientes que tiene el colectivo agrario.
Las necesidades del campo
La mitad de la superficie de España se destina a actividades agrícolas o ganaderas, una actividad de las más pujantes de la economía española, y donde la industria agroalimentaria es el primer sector industrial del país. A esto hay que unir la gran diversidad y calidad de las producciones agrarias, el alto nivel de los sistemas de protección de sanidad animal y vegetal y el grado de tecnificación de las explotaciones agrícolas y ganaderas.
Sin embargo su importancia no parece estar en consonancia con los apoyos recibidos. En este sentido, los agricultores solicitan, entre otras cosas, una política de precios justos para sus productos; la defensa del sector primario, fundamental para el desarrollo de las zonas rurales; medidas fiscales, económicas, legislativas y políticas para proteger la producción de alimentos; o dignificar el papel que desempeñan los agricultores y ganaderos, que proporcionan alimentos sanos y de calidad a toda la sociedad, que garantizan la supervivencia del mundo rural, y que contribuyen de forma decisiva a la sostenibilidad y mitigan el cambio climático al ser sumideros netos de CO2.
Soporte de la banca
El ámbito agroalimentario, necesita el apoyo tanto de las instituciones como de las grandes empresas para sobrevivir y proporcionar un servicio capital en nuestro día a día. En este sentido, Banco Santander ha terminado el año habiendo apoyado al sector con más de 3.700 millones de euros, un 3% más de lo que destinó en 2020 a los más de 415.000 clientes agricultores y ganadores con los que cuenta en España.
La contratación de los Anticipos Cosecha, el Préstamo I+D+I Agro o los préstamos a largo plazo para la transformación de fincas a cultivos más rentables, con foco en la digitalización y la sostenibilidad, han sido algunos de los productos más demandados durante el pasado año.
Este aporte de soluciones es un reflejo del trabajo de la entidad para extender sus servicios al mundo rural, volcando sus esfuerzos en agricultores, ganaderos, productores, cooperativas o empresas de suministro para ayudar a hacer frente a los desafíos derivados de la pandemia.
Soluciones de financiación y apoyo
Entre las principales soluciones de financiación para proyectos ganaderos, agropecuarios o agrícolas destacan el Anticipo Cosecha, que permite a los agricultores recibir de forma anticipada e inmediata hasta el 90% del importe de la cosecha; el Anticipo Subvenciones con el que se puede adelantar hasta el 80% de las subvenciones concedidas; el Crédito Campaña Agrícola, que hace posible solicitar hasta el 80% de los gastos de la campaña, un crédito dirigido principalmente a cooperativas e industria transformadora/comercializadora; o el Plan Renove Maquinaria Agrícola.
Estas soluciones se suman a otras como el seguro agrario, el renting, las pólizas de crédito, el préstamo I+D+I, así como el apoyo a la incorporación de jóvenes agricultores e inversiones a largo plazo a través de los planes de mejora y modernización de las Comunidades Autónomas.
De cara al futuro
Las proyecciones muestran que para alimentar a la población mundial en 2050 será necesario aumentar la producción de alimentos cerca de un 70%. Y no solo hay que producir más, sino que hay que mantener o aumentar la calidad de los productos que se exportan y se venden a nivel nacional.
Contribuyendo en un 10,7% al PIB y manteniendo unas tasas de empleo del 14,2% a escala nacional, el apoyo al sector es un factor clave como para cualquier actividad económica, circunstancia que se ha puesto de manifiesto con especial intensidad durante los últimos años.